Desde el 15-A nos interceptan sin permiso judicial

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Vamos bién. Menos mal que la gente de Internautas se ha percatado de esta pequeña maniobra silenciosa y ya ha preparado el proceso de impugnación. Para los que no tenemos nada que esconder pero no nos gustan que nos “intercepten” por las buena iremos recetando soluciones informáticas para prese

rvar el derecho a la intimidad. Cuando oficialmente se prohiba y se persiga me retractaré públicamente. De momento mis conversaciones con mi mujer o con quien me de la gana son privadas y voy a hacer todo lo posible para que lo sean hasta que un juez me convezca de lo contrario. De momento no me fió de nadie más e incluso tengo mis reservas con los jueces.

La Asociación de Internautas impugna ante el Tribunal Supremo la normativa
sobre interceptación de las comunicaciones

El Capítulo II del Título V del Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Gobierno el
pasado día 15 de abril, que regula “la interceptación legal de las
comunicaciones”, ha sido impugnado por la Asociación de Internautas ante la
Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La Asociación de Internautas considera que dicha regulación es
inconstitucional y que infringe el ordenamiento jurídico:

– Porque el Gobierno ha excedido el ámbito de autorización concedido por el
artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones que no le faculta para
establecer el procedimiento legal relativo a la interceptación de las
comunicaciones acordadas por la Autoridad judicial, materia reservada a Ley
orgánica, por tratarse del enervamiento de un derecho fundamental como es el
secreto de las comunicaciones, amparado en el apartado 3 del artículo 18 de
la Constitución.

– Porque siendo la regulación impugnada la de un procedimiento de
interceptación de comunicaciones, es decir, la enervación de un derecho
fundamental que, además, podrán ser usadas en procesos penales contra el
sujeto a la intervención, el establecimiento de tal procedimiento debió
hacerse por ley y, además, con rango de orgánica, tal y como dispone el
apartado 1 del artículo 81 de la Constitución al señalar que son leyes
orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas.

– Porque, asimismo, el Gobierno ha excedido la reserva de ley establecida en
el apartado 4 del citado artículo 18 de la Constitución cuando establece que
la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
derechos.

– Porque la normativa impugnada impone las obligaciones de autenticidad,
confidencialidad e integridad de la información interceptada únicamente a
las operadoras y prestadores de servicios, sujetos obligados a llevar a cabo
la interceptación en primera instancia, dejando en manos de la
Administración y, por tanto, sujetas a un hipotético futuro desarrollo
normativo, las especificaciones técnicas de las interfaces y formatos para
la transmisión de las comunicaciones interceptadas desde las operadoras y
prestadores de servicios a unos denominados “Centros de recepción de las
interceptaciones”.

– Porque crea esos denominados “Centros de recepción de las
interceptaciones” que son dependencias ajenas a la Autoridad judicial, sin
ninguna intervención por parte de los únicos fedatarios públicos judiciales,
los Secretarios, lo que priva al sujeto a la interceptación de las mínimas
garantías procesales reconocidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en
las leyes procesales.

– Porque posibilita, contraviniendo la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
la interceptación de las comunicaciones sean llevadas a cabo por las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado creando la figura del “agente facultado”.

– Porque, además, la normativa impugnada no se atiene ni siquiera al mandato
de interceptación de las comunicaciones que pudiera acordar motivadamente la
Autoridad judicial, al pretender que las operadoras y prestadores de
servicios faciliten a los agentes “habilitados” para materializar la
interceptación infinidad de datos no sólo del sujeto a la interceptación
(solicitados o no por la Autoridad judicial), sino de cualquiera de las
partes que puedan intervenir en las comunicaciones que sean clientes del
operador o prestador de servicios, sin perjuicio, además, “de otros datos
que puedan ser establecidos mediante real decreto”, estén o no relacionados
con la investigación que se esté llevando a cabo.

– Por si todo lo anterior no fuera suficiente, porque en el proceso de
elaboración de la normativa impugnada no sólo no ha sido consultado el
Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(órgano en el que participa la Sociedad civil como asesora del Gobierno en
tales materias), sino que tampoco lo ha sido el Consejo General del Poder
Judicial ni el Consejo Económico y Social.

Asociación de Internautas

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